WINDSOR: FOCO ROJO EN INMIGRACION
(Publicado en El Correo Canadiense)
Por Sergio Granillo
Como un evento casi anunciado, el caso de la “oleada” de mexicanos llegados en camiones a la ciudad fronteriza de Windsor, Ontario, ha venido “levantando olas” entre las autoridades canadienses de inmigración.
Desde el año pasado, la ascensión de los mexicanos como el grupo más numeroso de inmigrantes ilegales pidiendo refugio debió ser atendido como un fenómeno “importado” de los Estados Unidos, que amenaza con desbordarse.
La sociedad canadiense, ajena al fenómeno, se encuentra confundida, pero se inclina por una solución apegada a derecho; es decir, detener de inmediato la “oleada” de ilegales mexicanos y deportar de inmediato a individuos y familias que están ejerciendo severas presiones sobre dicha comunidad y en la provincia entera.
El Alcalde Wilfred Harbin y el Premier Dalton McGuinty han pedido la intervención del gobierno federal para atender una situación calificada casi de estado de emergencia en Windsor.
Para el ciudadano canadiense es incomprensible que personas provenientes de un país donde se vive una democracia, cuya economía está fuertemente ligada al comercio de la región, tengan que penetrar ilegalmente al vecino país del Sur, para luego infiltrarse –otra vez ilegalmente- a esta nación y pedir refugio.
El Embajador de México en Canadá, Emilio Goicoechea, ha expresado su preocupación por las medidas que, a raíz de este caso, pueda tomar Ottawa, imponiendo el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que deseen entrar a este país aún en calidad de turistas.
Una medida así de drástica tendría serias implicaciones para las relaciones diplomáticas México-Canadá; además, hasta el momento, no se ha visto una acción contundente del gobierno mexicano respecto al futuro de las familias mexicanas que están en territorio canadiense y piden refugio al gobierno.
¿Dónde quedan los derechos humanos y ciudadanos de estas personas? Ha sido muy claro el hecho de que prácticamente todas han sido víctimas de una estafa. Se sabe que alguien radicado en Florida ofreció, a cambio de alrededor de 500 dólares, garantizar la obtención de papeles de refugio en Canadá a los inmigrantes que se hallan de manera ilegal en los Estados Unidos.
Los abusos y las estafas cometidos por despachos de abogados no es una novedad, sin embargo, ninguna de las autoridades en las tres naciones han tomado medidas para detenerlos.
Por el contrario, las autoridades se lanzan contra personas y familias inmigrantes, víctimas de estafadores y de un gobierno –el mexicano-, que hace caso omiso de la problemática que los empuja a irse de su país para convertirse en forasteros tratados casi como criminales en otros territorios.
En los Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados han podido defenderse gracias al número tan alto de personas que habitan en esas condiciones, pero en Canadá no tienen ese beneficio… Nadie está de su lado, ni siquiera la comunidad multicultural de inmigrantes, pues casi la totalidad ha llegado cumpliendo la ley o amparándose legítimamente en la figura del refugio.
Mientras el mundo no acepte la problemática de inseguridad, corrupción y falta de empleos, que padece México; los millones de mexicanos que ya han huido del país seguirán siendo estigmatizados como criminales. Es el turno del gobierno canadiense, de tomar “la factura” que le está endosando su socio, los Estados Unidos y debería hacer un llamado de atención al indolente gobierno mexicano.
* Periodista mexicano
(www.elcorreo.ca)
Por Sergio Granillo
Como un evento casi anunciado, el caso de la “oleada” de mexicanos llegados en camiones a la ciudad fronteriza de Windsor, Ontario, ha venido “levantando olas” entre las autoridades canadienses de inmigración.
Desde el año pasado, la ascensión de los mexicanos como el grupo más numeroso de inmigrantes ilegales pidiendo refugio debió ser atendido como un fenómeno “importado” de los Estados Unidos, que amenaza con desbordarse.
La sociedad canadiense, ajena al fenómeno, se encuentra confundida, pero se inclina por una solución apegada a derecho; es decir, detener de inmediato la “oleada” de ilegales mexicanos y deportar de inmediato a individuos y familias que están ejerciendo severas presiones sobre dicha comunidad y en la provincia entera.
El Alcalde Wilfred Harbin y el Premier Dalton McGuinty han pedido la intervención del gobierno federal para atender una situación calificada casi de estado de emergencia en Windsor.
Para el ciudadano canadiense es incomprensible que personas provenientes de un país donde se vive una democracia, cuya economía está fuertemente ligada al comercio de la región, tengan que penetrar ilegalmente al vecino país del Sur, para luego infiltrarse –otra vez ilegalmente- a esta nación y pedir refugio.
El Embajador de México en Canadá, Emilio Goicoechea, ha expresado su preocupación por las medidas que, a raíz de este caso, pueda tomar Ottawa, imponiendo el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que deseen entrar a este país aún en calidad de turistas.
Una medida así de drástica tendría serias implicaciones para las relaciones diplomáticas México-Canadá; además, hasta el momento, no se ha visto una acción contundente del gobierno mexicano respecto al futuro de las familias mexicanas que están en territorio canadiense y piden refugio al gobierno.
¿Dónde quedan los derechos humanos y ciudadanos de estas personas? Ha sido muy claro el hecho de que prácticamente todas han sido víctimas de una estafa. Se sabe que alguien radicado en Florida ofreció, a cambio de alrededor de 500 dólares, garantizar la obtención de papeles de refugio en Canadá a los inmigrantes que se hallan de manera ilegal en los Estados Unidos.
Los abusos y las estafas cometidos por despachos de abogados no es una novedad, sin embargo, ninguna de las autoridades en las tres naciones han tomado medidas para detenerlos.
Por el contrario, las autoridades se lanzan contra personas y familias inmigrantes, víctimas de estafadores y de un gobierno –el mexicano-, que hace caso omiso de la problemática que los empuja a irse de su país para convertirse en forasteros tratados casi como criminales en otros territorios.
En los Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados han podido defenderse gracias al número tan alto de personas que habitan en esas condiciones, pero en Canadá no tienen ese beneficio… Nadie está de su lado, ni siquiera la comunidad multicultural de inmigrantes, pues casi la totalidad ha llegado cumpliendo la ley o amparándose legítimamente en la figura del refugio.
Mientras el mundo no acepte la problemática de inseguridad, corrupción y falta de empleos, que padece México; los millones de mexicanos que ya han huido del país seguirán siendo estigmatizados como criminales. Es el turno del gobierno canadiense, de tomar “la factura” que le está endosando su socio, los Estados Unidos y debería hacer un llamado de atención al indolente gobierno mexicano.
* Periodista mexicano
(www.elcorreo.ca)
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